Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si cumplen con los requisitos de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y KFF Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, publicó Trump en Truth Social dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante su primer mandato.

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, matando a más de 1.100 personas y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a KFF Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron $6,4 mil millones a Medicare y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en $5,1 mil millones para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal no tiene precedentes.

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de adultos mayores inmigrantes, Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año el estado congeló la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como Illinois y Minnesota también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con El Tímpano, una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con KFF Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a KFF Health News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con KFF Health News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por KFF Health News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal dictaminó en diciembre que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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Dressed in hiking gear and beaded necklaces, Carranza, 67, maneuvered between trees and children on a sunny morning in December. “Hold on to that branch,” she said in Spanish. “You can do it, my love!”

Carranza, a child development professional who grew up swinging through trees and swimming in rivers in El Salvador, said she feels at home in the forest at the outdoor preschool she co-founded. She has worked with children and teens as a caregiver and educator for more than three decades, long enough to know when to lean in and when to step back to let her students find their own footing.

When she transitioned to working part-time last year, Carranza counted on getting Medicare and Social Security checks — benefits given to American workers and lawfully present immigrants when they retire, if they meet work history and age or disability requirements. She’s contributed tens of thousands of dollars into Medicare and Social Security over 24 years, according to her Social Security Administration earnings record, reviewed by El Tímpano and KFF Health News. But Carranza and an estimated 100,000 other lawfully present immigrants will soon be cut out of Medicare.

The GOP’s One Big Beautiful Bill Act, signed last July by President Donald Trump, barred certain categories of lawfully present immigrants — including temporary protected status holders, refugees, asylum-seekers, survivors of domestic violence, trafficking victims, and people with work visas — from Medicare.

Those already in the program, like Carranza, will be disenrolled by Jan. 4 — a move by Republican lawmakers to rein in Medicare spending, as they and Trump have argued that taxpayer dollars should not be used to pay for the health care of immigrants in the U.S. without authorization.

“The Democrats want Illegal Aliens, many of them VIOLENT CRIMINALS, to receive FREE Healthcare,” Trump posted on Truth Social two months after he signed the bill into law. “We cannot let this happen!”

However, the categories of immigrants now losing coverage do have legal status. Neither the White House nor the Department of Health and Human Services responded to a question about whether it was fair to disenroll legal residents from Medicare.

Immigrants without legal status were already ineligible for Medicare or most other federally funded public benefits.

Carranza is worried that she could also lose legal permission to live in the United States if the Trump administration ends temporary protected status for Salvadorans, as it sought to do during his first term.

If that happened, Carranza would lose legal residency, risking time in an immigration detention center or deportation.

“This is like a horror movie, a complete nightmare,” Carranza said. “This is not how I imagined getting old.”

‘Under Constant Attack’

Carranza left El Salvador in 1991 during a brutal civil war, leaving behind three young children, to earn money to send home to her family. She overstayed her visa until 2001, when she qualified for temporary protected status, after two earthquakes struck El Salvador, killing more than 1,100 people and displacing 1.3 million.

Temporary protected status, or TPS, was passed by Congress and signed into law by Republican President George H.W. Bush in 1990.

It allows people such as Carranza, from select nations undergoing armed conflict, civil war, and climate disasters, to live and work in the United States if being in their home country poses a risk.

Carranza missed her youngest daughter’s graduation from kindergarten and first medal-winning performance in track. She worked overnight shifts babysitting newborns and later substitute-taught in public schools in the San Francisco Bay Area to pay for her children’s schooling in El Salvador, and for her own classes at City College of San Francisco, where she earned a degree in child development.

And she cared for dozens of 3-, 4-, and 5-year-olds who gazed in awe as they uncovered little treasures buried in the redwood forest of the Oakland park where she co-founded Escuelita del Bosque, a Spanish immersion preschool that teaches children outdoors.

The trade-off was supposed to be a peaceful retirement. But Congress narrowed Medicare eligibility to citizens, lawful permanent residents, Cuban and Haitian nationals, and people covered under the Compacts of Free Association, agreements between the United States and Pacific island nations.

The move followed Trump’s efforts to bar some lawfully present immigrants from Medicaid, marketplace insurance subsidies, and social support services, such as food assistance, housing subsidies, and medical visits in federally funded health centers. Altogether, 1.4 million lawfully present immigrants were projected to lose health insurance, according to KFF, a health information nonprofit that includes KFF Health News.

A spokesperson for House Speaker Mike Johnson, Taylor Haulsee, did not respond to requests for comment.

Michael Cannon, director of health policy studies at the Cato Institute, a libertarian think tank, said Republicans wanted to enact tax cuts and eliminate health insurance for immigrants because it wouldn’t upset their base.

“They don’t want to turn the United States into a welfare magnet,” he said. “And they resent the government for making them pay for a welfare state.”

While data on lawfully present immigrants is not available, immigrants without legal status paid $6.4 billion into Medicare and $25.7 billion into Social Security in 2022, according to the Institute on Taxation and Economic Policy. The Congressional Budget Office estimated that the Medicare restrictions alone would reduce federal spending by $5.1 billion by 2034.

Health experts say eliminating coverage for immigrants with legal status is unprecedented.

“This is actually the first time that Congress has taken away Medicare from any group,” said Drishti Pillai, director of immigrant health policy at KFF. “This change is impacting immigrants who have lawful presence in the U.S., and many of whom have already worked and paid into the system for decades.”

As older adults like Carranza lose their Medicare coverage, clinicians anticipate that they will delay their care, leading to an increase in severely ill patients, especially in hospital emergency rooms.

Seniors can become sick suddenly and quickly, and they are more vulnerable to cardiovascular diseases such as heart disease and high blood pressure, especially if they put off routine care, said Theresa Cheng, an emergency physician at Zuckerberg San Francisco General Hospital and assistant clinical professor of emergency medicine at the University of California-San Francisco.

“It’s quite easy for them to fall off the cliff,” Cheng said.

Carranza hikes and considers herself healthy, but she acknowledges that she is aging and starting to struggle to keep up with the kids in the forest.

Late last year she was diagnosed with high blood pressure, and in January she woke up with a tight chest and went to urgent care because it had spiked to dangerous levels. A few weeks later, she tripped on a curb while walking and fell to the ground. She woke up the next day with a swollen foot. A doctor at the local hospital told her she had arthritis.

These were scary moments, she said, but she was grateful to have to pay only $10 for the urgent care visit and $5 to see her primary care doctor. However, that will change when she loses Medicare by early next year.

The stress of knowing she will lose health insurance coverage, and potentially her legal status, all while masked federal agents are detaining immigrants like her across the country, has taken a toll on her mental health, she said. She is searching for a therapist and acupuncture services to treat her insomnia and anxiety — and the feeling that she is “under constant attack.”

Nowhere To Turn

In California, home to the largest number of immigrant seniors, Carranza could have enrolled in state-sponsored insurance, but this year the state froze enrollment for adults 19 and older who are a TPS holder, in the U.S. without authorization, or an asylum-seeker. Other states with Democratic governors such as Illinois and Minnesota have also scaled back their health programs for immigrants amid budget pressures.

In January, California Gov. Gavin Newsom proposed a state budget that would not backfill federal health care cuts to about 200,000 lawfully present immigrants, noting the $1.1 billion annual price tag and state budget shortfalls.

“Given these fiscal pressures, the administration cannot backfill for this change in federal policy,” California Department of Finance spokesperson H.D. Palmer said.

But some Democratic lawmakers and consumer advocates say the state should step in. State Assembly member Mia Bonta, who chairs the Assembly’s health committee, said she is working on a legislative budget solution to bring immigrants who will lose health coverage, including older adults, into Medi-Cal, the state’s version of Medicaid.

The East Bay Democrat is especially concerned for people like Carranza, “who have lived here for decades and contributed into this economy, who have given into our cultural fabric and into our communities and who built families and lives and who are now wanting to be able to retire with dignity and live with dignity and have the health care that they need.”

A Sign of the Future

Last April, Carranza got a glimpse of what losing her health coverage and retirement benefits could look like, after the Social Security Administration sent her a letter informing her that she no longer qualified for retirement benefits because she was not lawfully present in the U.S. — even though she was. Then Medicare stopped payments to her health plan, which disenrolled her as a result.

As a TPS holder with a work permit, she knew a mistake had been made. Yet, without her check, Carranza didn’t have money to pay her rent for a month. She worked off her rent by babysitting her landlords’ children. Last May, the office of U.S. Rep. Lateefah Simon, an Oakland Democrat, helped Carranza recover her retirement benefits, but it took months for her to get her health insurance back.

The experience left her reeling.

“It’s like getting slapped on the face after more than 30 years working for the system here,” Carranza said. “And in return, this is what we have now.”

She lies awake at night imagining the future: here, where she’s spent half her life, without health insurance and possibly Social Security benefits; or in El Salvador, where two of her three children remain. Her daughter, a green-card holder who lives in Texas, hopes to become a citizen so she can petition for permanent residency for Carranza, but the process can take years. Then there’s the possibility she fears most: indefinite detention or deportation.

On a recent morning in her basement studio in Oakland, Carranza pulled a box from the back of her closet. In it was a thick stack of identification cards that included old driver’s licenses, her Social Security card, and dozens of work IDs issued by the federal government.

“My life is in that box,” she said.

This article was produced in collaboration with El Tímpano, a civic media organization serving and covering the Bay Area’s Latino and Mayan immigrant communities.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

St. John’s, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al ajuste fiscal en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa un impuesto a las ventas de medio centavo por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de un estimado de $1.000 millones en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en $911.000 millones a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de 14 millones el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado $32.000 millones en 10 años, la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto nuevos impuestos o aumentos de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un paquete de proyectos de ley que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la contribución federal a Medi-Cal en un estimado de $30.000 millones al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en 3 millones para 2028 como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de $1.000 millones al año. Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, presidente electo de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el impuesto a las ventas durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una medida similar estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez un impuesto del 5% a los más de 200 multimillonarios del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y ha prometido presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría $100.000 millones, que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado fuerte resistencia de multimillonarios y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran la propuesta porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que cerraría siete clínicas debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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• Click here to hear Rayasam on Criminal.
• Read Rayasam’s “As More States Target Disavowed ‘Excited Delirium’ Diagnosis, Police Groups Push Back.”

On CBS News’ CBS Mornings on March 5, Céline Gounder, KFF Health News’ editor-at-large for public health, discussed the Massachusetts governor’s retort to comments by Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. about popular coffee chains.

• Click here to watch Gounder on CBS Mornings.

KFF Health News California correspondent Christine Mai-Duc discussed Affordable Care Act premium increases on CapRadio’s Insight With Vicki Gonzalez on March 2.

• Click here to hear Mai-Duc on Insight With Vicki Gonzalez.
• Read Mai-Duc’s “‘Kind of Morbid’: Health Premiums Threaten Their Nest Egg. A Terminal Diagnosis May Spare It.”

KFF Health News rural health reporter Andrew Jones discussed how younger doctors are struggling to diagnose measles on KMOX’s Total Information AM on Feb. 27.

• Click here to hear Jones on Total Information AM.
• Read Jones’ “Hospitals Fighting Measles Confront a Challenge: Few Doctors Have Seen It Before.”

KFF Health News South Dakota correspondent Arielle Zionts discussed the $50 billion Rural Health Transformation Program on Marketplace’s Make Me Smart podcast on Feb. 19.

• Click here to hear Zionts on Make Me Smart.
• Read Zionts’ “States Race To Launch Rural Health Transformation Plans,” co-reported with Sarah Jane Tribble and Maia Rosenfeld.

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When federal immigration agents descended on their city, officers deported Gabi’s father and detained her aunt.

Gabi was born in the U.S. and is an American citizen. Her best chance to stand, or even walk, someday is a complex surgery on her legs and feet that was scheduled for January. But her mother, too terrified to take out the garbage let alone venture through the city to a hospital, canceled the procedure. KFF Health News agreed to only partially identify the patients and their families in this article because they fear becoming targets of President Donald Trump’s immigration crackdown.

“I want more than anything for my baby to walk,” her mother said in Spanish, as Gabi cooed and wriggled in her arms, a feeding tube snaking from her stomach to an IV pole. “But with the situation that’s happening, I canceled the surgery and all the physical therapy appointments” that would have followed. “Because I’m afraid to leave.”

The Department of Homeland Security has declared an end to what it called Operation Metro Surge, carried out by officers with the Immigration and Customs Enforcement and Customs and Border Protection agencies. Even so, health care workers say, immigration agents are still camping out in hospital parking lots. And drones fly overhead in agricultural areas beyond Minneapolis, where Somali and Latino immigrants have settled in recent years.

The Minnesota crackdown revealed the sweep of the surveillance and capture system the Trump administration is using to uproot immigrant communities in the United States, and the effect of its powerful brake on the medical system.

Similar health crises surfaced wherever immigration officers massed in the past year. In Dallas, public health clinics administered about 6,000 vaccinations to Latinos last August, half as many as during a similar program a year earlier. In Chicago, doctors rerouted patients daily from clinic to clinic depending on ICE activity. Across the country, crackdowns suppressed immigrants’ health care visits.

In Minnesota, medical systems have reported cancellation and no-show rates of up to 60% since December.

Tricia McLaughlin, a spokesperson for the Department of Homeland Security, blamed protesters for the disruption. “If anyone is impeding Americans from making appointments or picking up prescriptions,” she said, “its [sic] violent agitators who are blocking roadways, ramming vehicles, and vandalizing property.”

While Minnesotans rose up to oppose the surge in the streets, doctors and nurses have quietly operated informal, underground medical networks, dodging detection to care for patients at home.

“I used to look somebody in the eyes and say, with good faith, ‘You will be fine at the hospital,’” said Emily Carroll, a nurse practitioner at HealthFinders Collaborative, a community clinic in Faribault, some 50 miles south of Minneapolis. “But now, I can’t make that guarantee.”

As thousands of federal agents move on from Minneapolis, other communities need to prepare, said Minnesota Democratic state Sen. Alice Mann, a physician.

“I know it sounds crazy,” she said, but health care providers “need to start an underground network of how to get people care in their homes. Because letting people die at home or come close to death because they are terrified to go into the hospital, in 2026, is outrageous.”

The Surge Delivers Harm

Home visits, clinicians say, may be the only way to reach those who still feel under siege. In Los Angeles, starting last June, St. John’s Community Health brought medical care to some 2,000 immigrant families too frightened to leave home during an immigration sweep after the clinic’s no-show rates ballooned to more than 30%, said Jim Mangia, the organization’s president.

Many of Minnesota’s large health institutions have relied on telemedicine and only dabbled in home care.

Not Munira Maalimisaq, co-founder of Inspire Change Clinic in Minneapolis’ Ventura Village neighborhood. After about one-third of her patients stopped showing up for appointments, “I was like, ‘We have to do something,’” the nurse practitioner said. So she called a physician friend. What if they just started seeing patients at home?

“And she’s like, ‘You know what? Let’s do it.’”

They now have about 150 doctors — a volunteer “rapid response” team that has made more than 135 home visits. The first call was a woman whose husband had been deported. She was home with her children, was 39 weeks pregnant, and was in labor. Maalimisaq called an obstetrician volunteer, and they rushed to the patient’s house.

“She was 8 centimeters dilated,” Maalimisaq said, “and did not want us to call an ambulance. She says, ‘Can I have the baby here?’”

The woman was not a good candidate for a home birth, Maalimisaq said. They persuaded her to ride to the hospital in Maalimisaq’s car, a “small Tesla, white seats. Everything that could go wrong was there.”

But they made it to the hospital in time, and the woman had a safe, healthy delivery. “If we were not there, I can only imagine what would have happened.”

Maalimisaq’s caregiving follows a Hippocratic logic: “Someone was in need. I cannot just do nothing. And we cannot call an ambulance against her will and have her shoved in there. We had no choice but to do something, and that was the only thing that we could do safely.”

In other visits, she has seen “people so stressed out they pulled the hair out of their skull.” She said she met a mother who’d been rationing her child’s seizure medicine despite the child having experienced “one seizure after another.”

The Trump administration says its Minnesota operation improved public safety. “Since Operation Metro Surge began, our brave DHS law enforcement have arrested over 4,000 criminal illegal aliens including vicious murderers, rapists, child pedophiles and incredibly dangerous individuals,” according to McLaughlin, the DHS spokesperson. DHS announced last month that McLaughlin was leaving her post.

Minnesota correctional officials say many people accused of crimes were released directly to ICE by state or county prisons and jails. And only 29% of people arrested by ICE nationwide in January had criminal convictions, according to DHS data. Far fewer were convicted of violent crimes.

Agents Outside Hospitals, Clinics

On the first day of his second term, President Donald Trump rescinded a 2011 policy that prohibited immigration enforcement in “sensitive locations” such as schools, hospitals, and churches.

In Northfield, about 45 miles south of Minneapolis, ICE agents have been sitting in their cars for hours at least twice a week outside health clinics, including one run by the local hospital, said Carroll, the nurse practitioner. Agents have made arrests in the area almost every day, Carroll and her colleagues said.

“ICE does not conduct enforcement at hospitals — period,” McLaughlin said.

One recent morning, three ICE vehicles sat in a Baptist church parking lot across the street from an elementary school in Northfield as volunteers ferried 35 children of immigrants back and forth to the school so their parents could avoid going out, Carroll said.

“ICE is not going to schools to arrest children — we are protecting children,” McLaughlin said.

Drones that Carroll and others believe are operated by immigration agents hover most nights, and sometimes during the day, over a trailer park that mostly houses immigrants who have moved to the area to work in agriculture and manufacturing over the past 15 years. Families paper over trailer windows, Carroll said.

“You cannot feel safe anywhere,” she said. “On the way to school, on the way to clinic, you might pass ICE. The sort of crushing fear and feeling of being trapped that these families are going through is outrageous.”

That fear means patients with diabetes and heart disease are missing blood sugar and blood thinner tests. Patients aren’t getting exercise, and the chronically ill are getting sicker, said Calla Brown, a Minneapolis pediatrician.

At the Faribault clinic where Carroll works, staff members deliver medicine, food, and other necessities to patients. A staffer drives 12 middle and high school kids to and from class every day in a clinic van.

Some patients are treated at home. Carroll recently diagnosed a baby with influenza, telling the parents it wasn’t an immediate threat — yet.

“‘If you see the baby struggling to breathe, if the baby’s not eating, if the baby isn’t making wet diapers, you have to go to the hospital,’” Carroll said she told them. “‘I cannot promise it’s safe. But you’ve got to go.’”

‘We’re Nice to Each Other’

In Minneapolis, nurse-midwife Fernanda Honebrink spends most of her daylight hours calling, coordinating, and shuttling between a ballooning group of fearful people stuck in their homes. She prefers not to call it a medical underground.

“It’s more like, that’s how we function in Minnesota,” said Honebrink, a U.S. citizen who emigrated from Ecuador 23 years ago. “We’re nice to each other.”

Honebrink spent a recent afternoon at the home of a family with a baby boy. His parents, Alex and Isa, desperately want him to receive vaccinations and blood tests at his one-year well-child appointment.

But they haven’t left their apartment for more than a month. “You don’t know what is most important: whether to go out for his well-being, or to go out and think that you might not come back,” Alex said.

The couple, who were interviewed in Spanish, entered the U.S. legally from Venezuela in 2024 under a program called Humanitarian Parole, which Trump ended in May. Since then, federal agents have detained and deported workers at a company where Alex, a mechanical engineer by training, worked in construction.

Alex and Isa have seen government vehicles outside their home. They knew of a man, they said, who had legitimate work papers but was picked up while walking to church one Sunday, flown to Texas, then put on a plane to Venezuela. It was a terrifying prospect for those who’ve fled that country’s dictatorship and economic chaos.

“It feels like a psychological attack,” Alex said. “The possibility of being separated from your family.”

Isa, a lawyer back in Venezuela, has endured postpartum depression, cooped up for weeks in their apartment. The state program that provided health insurance to all immigrants ended Jan. 1. A therapist checks in occasionally by phone, free of charge.

She has tried to keep the family afloat by selling homemade cakes and necklaces, and babysitting.

Her worst fear is being separated from her son, who was born in the U.S. and is a citizen. The possibility hadn’t occurred to her until an acquaintance urged her to sign a form to designate someone to have temporary custody if she were deported.

“It was something I never imagined,” said Isa, who sobbed as she recalled the moment. “He’s my baby! He’s not someone else’s! What? My baby would remain here with someone?’’

Honebrink suddenly piped up: “I will guarantee him. I’ll sign the form.”

She later told a reporter, “I told my husband I wouldn’t do that. I’ve already signed as a sponsor for four kids.”

As soon as she left the apartment, Honebrink jumped back on the phone and traded favors with local pediatricians, clinic schedulers, and volunteers. Within hours, she’d set up a new well-child visit for the baby and found a vetted driver to transport the family.

“A white person,” Honebrink explained.

Two days later, Honebrink sent a picture of her small victory: Alex and Isa’s baby boy with a Band-Aid on his legs. “He got his vaccines,” she said via text. “I’m so happy.”

But other medical needs cannot be as swiftly addressed. One February evening, Honebrink greeted Gabi and her mother with a trunk full of donated baby wipes, diapers, and toys.

Gabi’s surgery is rescheduled for August. Her mother said she hoped by then it would be safe to leave home.

“I used to take the kids to the park, but now we don’t leave at all,” she said. “They grab people, they mistreat them. How I wish it would end soon!”

KFF Health News’ Jackie Fortiér contributed to this report.

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Cuando agentes federales de inmigración llegaron a su ciudad, deportaron primero al padre de Gabi y luego a su tía.

Gabi nació en Estados Unidos y es ciudadana estadounidense. Su mejor oportunidad de algún día pararse, o incluso caminar, es una cirugía compleja en las piernas y los pies que estaba programada para enero.

Pero su madre, quien está tan asustada que ni siquiera se anima a sacar la basura, y mucho menos a atravesar la ciudad hasta el hospital, canceló el procedimiento. (En este artículo, KFF Health News y NPR acordaron identificar solo parcialmente a los pacientes y a sus familias porque temen convertirse en blanco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump).

“Quiero más que nada, mi deseo, es que mi bebé empiece a caminar”, dijo su madre, mientras Gabi se movía en sus brazos, con una sonda de alimentación que salía de su estómago conectada a un soporte de suero intravenoso. “Pero con la situación que está pasando, cancelé la cita de cirugía porque le van a hacer cirugía en sus piernas y todas las citas de terapia física; lo cancelé todo. Porque tengo miedo de salir”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró el fin de lo que llamó Operation Metro Surge (Operación Metro Surge), llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Aun así, trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.

La ofensiva en Minnesota mostró el alcance del sistema de vigilancia y detención que la administración Trump está utilizando para desarraigar a comunidades inmigrantes del país y su fuerte impacto en el sistema de salud.

Crisis de salud similares surgieron dondequiera que se concentraron oficiales de inmigración en el último año.

En Dallas, clínicas de salud pública administraron unas 6.000 vacunas a latinos en agosto pasado, la mitad que en un programa similar un año antes. En Chicago, a diario, doctores redirigieron a los pacientes de una clínica a otra dependiendo de la actividad de ICE.

En todo el país, las redadas redujeron las visitas de inmigrantes a servicios de salud.

En Minnesota, los sistemas de salud reportaron tasas de cancelación y ausencias de hasta el 60 % desde diciembre. Un vocero del DHS culpó a los manifestantes por la interrupción. “Si alguien está impidiendo que los estadounidenses asistan a citas o recojan recetas, es un agitador violento que está bloqueando carreteras, embistiendo vehículos y dañando propiedad”, dijo.

Mientras residentes de Minnesota protestaban en las calles contra el operativo, doctores y enfermeras organizaron en silencio redes médicas informales para atender a pacientes en sus casas y evitar ser detectados.

“Antes miraba a alguien a los ojos y decía, de buena fe: ‘Estarás bien en el hospital’”, dijo Emily Carroll, enfermera especializada en HealthFinders Collaborative, una clínica comunitaria en Faribault, a unas 50 millas al sur de Minneapolis. “Pero ahora no puedo garantizar eso”.

A medida que miles de agentes federales se retiran de Minneapolis, otras comunidades deben prepararse, dijo la senadora estatal demócrata de Minnesota, Alice Mann, quien es médica.

“Sé que suena extraño”, dijo, pero los proveedores de salud “necesitan empezar una red clandestina para llevar atención médica a las casas. Porque dejar que la gente muera en su hogar o que esté al borde de la muerte por miedo a ir al hospital, en 2026, es inaceptable”.

El operativo causa daños

Los médicos dicen que las visitas a domicilio pueden ser la única forma de llegar a quienes todavía se sienten bajo amenaza. En Los Ángeles, desde junio, St. John’s Community Health llevó atención médica a unas 2.000 familias inmigrantes demasiado asustadas para salir durante un operativo migratorio, después de que las ausencias a citas superaran el 30%, dijo Jim Mangia, presidente de la organización.

Muchas de las grandes instituciones de salud de Minnesota han recurrido a la telemedicina y han usado menos la atención en el hogar.

No así Munira Maalimisaq, cofundadora de Inspire Change Clinic en el vecindario Ventura Village de Minneapolis. Después de que cerca de un tercio de sus pacientes dejara de ir a sus citas, “pensé: ‘Tenemos que hacer algo’”, dijo la enfermera especializada. Entonces llamó a una amiga doctora. ¿Y si empezaran a ver pacientes en sus casas?

“Y ella dijo: ‘¿Sabes qué? Hagámoslo’”.

Ahora cuentan con unos 150 doctores, un equipo voluntario de “respuesta rápida” que ha realizado más de 135 visitas domiciliarias. Su primera llamada fue para ver a una mujer cuyo esposo había sido deportado. Estaba en casa con sus hijos, con 39 semanas de embarazo y en trabajo de parto. Maalimisaq llamó a una obstetra voluntaria y fueron a la casa.

“Tenía 8 centímetros de dilatación”, dijo Maalimisaq, “y no quería que llamáramos a una ambulancia. Decía: ‘¿Puedo tener al bebé aquí?’”.

La mujer no era una buena candidata para un parto en casa, dijo Maalimisaq. La convencieron de ir al hospital en el auto de Maalimisaq, un Tesla pequeño con asientos blancos. “Todo lo que podía salir mal, estaba ahí”.

Pero llegaron al hospital a tiempo y la mujer tuvo un parto seguro y saludable. “Si no hubiéramos estado allí, no puedo imaginar lo que habría pasado”.

En otras visitas, dijo, ha visto “personas tan estresadas que se arrancaban el cabello”. Contó que conoció a una madre que estaba racionando el medicamento anticonvulsivo de su hijo, aunque el niño había tenido “una convulsión tras otra”.

La administración Trump afirma que su operativo en Minnesota mejoró la seguridad pública. “Desde que comenzó la Operación Metro Surge, nuestros valientes agentes del DHS han arrestado a más de 4.000 extranjeros indocumentados con antecedentes penales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos y personas extremadamente peligrosas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS.

El DHS anunció la semana del 16 de febrero que McLaughlin dejará su cargo.

Funcionarios correccionales de Minnesota dijeron que muchas personas acusadas de delitos fueron entregadas directamente a ICE por prisiones y cárceles estatales o del condado. Y solo el 29 % de los arrestos de ICE a nivel nacional en enero fueron personas con condenas penales, según datos del DHS. Muchos menos habían sido condenados por delitos violentos.

Agentes afuera de hospitales y clínicas

En el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump anuló una política de 2011 que prohibía la aplicación de leyes migratorias en “lugares sensibles” como iglesias, escuelas y hospitales.

En Northfield, a unas 45 millas al sur de Minneapolis, agentes del ICE han estado sentados en sus autos durante horas, al menos dos veces por semana, fuera de clínicas de salud, incluida una que opera el hospital del pueblo, dijo Carroll. Los agentes han realizado arrestos en la zona casi todos los días, según Carroll y sus colegas.

“El ICE no realiza operativos en hospitales, punto”, dijo McLaughlin.

Una mañana reciente, tres vehículos del ICE estaban en el estacionamiento de una iglesia bautista frente a una escuela primaria en Northfield, mientras voluntarios transportaban a 35 hijos de inmigrantes hacia y desde la escuela para que sus padres no tuvieran que salir, dijo Carroll.

“El ICE no va a las escuelas para arrestar a niños; estamos protegiendo a los niños”, dijo McLaughlin.

Drones sobrevuelan la mayoría de las noches y a veces durante el día, sobre un parque de casas móviles donde viven principalmente inmigrantes que se mudaron a la zona para trabajar en agricultura y manufactura en los últimos 15 años. Las familias cubren las ventanas con papel, dijo Carroll.

“No puedes sentirte seguro en ningún lugar”, dijo. “Camino a la escuela, camino a la clínica, puedes encontrarte con el ICE. El miedo y la sensación de estar atrapados que viven estas familias son inaceptables”.

Ese miedo significa que pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas están perdiendo controles de azúcar en sangre y de anticoagulación. No están haciendo ejercicio y las personas con enfermedades crónicas están empeorando, dijo Calla Brown, pediatra en Minneapolis.

En la clínica de Faribault, donde trabaja Carroll, el personal entrega medicamentos, comida y otras necesidades a los pacientes. Un empleado transporta cada día a 12 estudiantes de escuela media y secundaria en una camioneta de la clínica.

Algunos pacientes reciben atención en casa. Carroll diagnosticó recientemente a un bebé con influenza y les dijo a los padres que no era una amenaza inmediata, por ahora.

“‘Si ven que el bebé tiene dificultad para respirar, si no está comiendo, si no moja pañales, tienen que ir al hospital’”, contó Carroll que les dijo. “‘No puedo prometer que sea seguro. Pero tienen que ir’”.

“Somos amables entre nosotros”

En Minneapolis, la enfermera partera Fernanda Honebrink pasa la mayor parte del día llamando, coordinando y trasladándose entre un grupo creciente de personas con miedo que permanecen en sus casas. Prefiere no llamarlo una red médica clandestina.

“Es más bien así como funcionamos en Minnesota”, dijo Honebrink, ciudadana estadounidense que emigró de Ecuador hace 23 años. “Somos amables entre nosotros”.

Honebrink pasó una tarde reciente en la casa de una familia con un bebé. Sus padres, Alex e Isa, quieren que reciba vacunas y análisis de sangre en su cita de control cuando cumpla 1 año.

Pero no han salido de su apartamento en más de un mes. “No sabes qué es más importante: salir por su bienestar o salir pensando que quizás no regreses”, dijo Alex.

La pareja venezolana entró legalmente a Estados Unidos en 2024 bajo un programa llamado Humanitarian Parole, que Trump finalizó en mayo. Desde entonces, agentes federales han detenido y deportado trabajadores de una empresa donde Alex, ingeniero mecánico, trabajaba en construcción.

Han visto vehículos del gobierno afuera de su casa. Dijeron conocer a un hombre que tenía documentos de trabajo válidos, pero fue detenido cuando caminaba a la iglesia un domingo, trasladado a Texas y luego enviado en avión a Venezuela. Era una perspectiva aterradora para quienes huyeron de la dictadura y la crisis económica de ese país.

“Se siente como un ataque psicológico”, dijo Alex. “La posibilidad de ser separado de tu familia”.

Isa, abogada en Venezuela, ha sufrido depresión posparto, encerrada durante semanas en su apartamento. El programa estatal que proporcionaba seguro médico a todos los inmigrantes terminó el 1 de enero. Una terapeuta la llama ocasionalmente sin costo.

Ha intentado sostener a la familia vendiendo pasteles y collares hechos en casa y cuidando niños.

Su mayor temor es que la separen de su hijo, que nació en Estados Unidos y es ciudadano. No había considerado esa posibilidad hasta que un conocido le sugirió firmar un formulario para designar a alguien para la custodia temporal en caso de que fuera deportada.

“Fue algo que nunca imaginé”, dijo Isa, llorando al recordarlo. “¡Es mi bebé! ¡No es de otra persona! ¿Qué? ¿Mi bebé se quedaría aquí con alguien más?’’

Honebrink intervino de inmediato: “Yo me haré responsable de él. Firmaré el formulario”.

Más tarde dijo a una reportera: “Le dije a mi esposo que no haría eso. Ya he firmado como patrocinadora de cuatro niños”.

En cuanto salió del apartamento, Honebrink volvió al teléfono y coordinó con pediatras, programadores de clínicas y voluntarios locales. En pocas horas, había conseguido una nueva cita de control para el bebé y había encontrado un conductor verificado para transportar a la familia.

“Una persona blanca”, explicó Honebrink.

Dos días después, envió una foto de su pequeña victoria: el bebé de Alex e Isa con una curita en las piernas. “Recibió sus vacunas”, escribió por mensaje de texto. “Estoy muy feliz”.

Pero otras necesidades médicas no pueden resolverse con la misma rapidez. Una noche de febrero, Honebrink visitó a Gabi y a su madre con el baúl del auto lleno de toallitas húmedas, pañales y juguetes donados.

La cirugía de Gabi fue reprogramada para agosto. Su madre dijo que espera que para entonces sea seguro salir de casa.

“Antes llevaba a los niños al parque, pero ahora no salimos para nada”, dijo. “Agarran a la gente y la maltratan. Da miedo salir. ¡Ojalá que se termine pronto lo que está pasando!”.

Jackie Fortiér, de KFF Health News, colaboró con este artículo.

[Aclaración: Este artículo fue revisado a las 11 am ET del 6 de marzo de 2026, para aclarar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se habían posicionado cerca de clínicas, incluida una propiedad de un hospital].

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Allí, esperó. Reyes, ahora de 51 años, solicitó reiteradas veces el procedimiento, según una demanda presentada en noviembre contra el gobierno federal, pero pasaron meses, aunque había sangre en su orina, una señal de que el cáncer podía haberse propagado.

“Puede haber pasado de ser muy tratable a estar metastásico”, dijo Kyle Virgien, quien, como abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), está involucrado en la demanda.

“Hay poblaciones vulnerables; está abarrotado. No hay atención médica suficiente para manejar el aumento en el número de personas enfermas”, dijo Virgien.

El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está violando normas que garantizan que los inmigrantes reciban exámenes médicos iniciales, atención de rutina y respuestas oportunas a quejas físicas, según una revisión de más de 200 páginas de demandas de detenidos, informes de investigación independientes y académicos publicados, e investigaciones recientes del Congreso realizadas por demócratas.

Las quejas sobre la atención médica inadecuada en los centros de detención podrían aumentar la reacción política que enfrenta Trump por su campaña agresiva de deportación, incluido el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Miembros demócratas del Congreso han insistido en limitar a los agentes federales de inmigración como parte de un proyecto de ley de gastos de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un estancamiento que amenaza con cerrar en gran medida la agencia.

Voceros del ICE y del Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (IHSC, por sus siglas en inglés), del DHS y de la Casa Blanca no respondieron a solicitudes repetidas de comentarios para este artículo. El IHSC evalúa la salud para la deportación, supervisa las normas médicas en instalaciones contratadas y reembolsa la atención médica fuera de los centros.

Sin embargo, en el sitio web del IHSC, el director asistente Stewart Smith dijo que el cuerpo “mantiene las normas de atención médica en todas las instalaciones propias y contratadas por el ICE y garantiza la prestación de la atención médica requerida para los extranjeros detenidos”. Por su parte, el sitio web del ICE señala que “muchos extranjeros pueden no haber recibido tratamiento médico reciente o confiable para condiciones existentes antes de ingresar bajo custodia de ICE. Para algunas personas, esta puede ser su primera oportunidad de acceso a atención médica integral”.

Algunos legisladores demócratas han exigido informes de autopsia de detenidos que murieron bajo custodia y han acusado públicamente al ICE de negar a los inmigrantes el acceso a atención. La representante Kelly Morrison (demócrata de Minnesota) dijo que un centro de detención que visitó en el histórico Fort Snelling del estado no tenía normas médicas ni “atención médica real” en el lugar.

“Hace sonar alarmas desde una perspectiva médica y de salud pública”, dijo Morrison, quien es doctora, a KFF Health News. “No hay camas, no hay mantas, hay comida mínima. Hace mucho frío. Todos están con grilletes en las piernas. Es caótico, desorganizado y, francamente, peligroso”.

La representante Jasmine Crockett (demócrata de Texas) denunció recientemente la atención médica de los detenidos en una conferencia de prensa que realizó después de visitar a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años en Minneapolis que fue enviado al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas. Crockett fue al centro luego de informes de medios que señalaban que el niño había desarrollado fiebre y estaba en mal estado de salud.

“El trato que estas personas están sufriendo en este momento es peor que el de quienes son acusados y a veces incluso condenados por delitos. Así de grave es”, dijo.

El DHS cerró Dilley este mes después de que dos detenidos contrajeran sarampión. El centro también alberga a niños que son vulnerables a complicaciones graves de la enfermedad, como inflamación cerebral.

El senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut) acusó el 1 de febrero al gobierno de negarle la entrada a Dilley a finales de enero para ocultar el brote de sarampión.

Y recientemente se reportaron tres casos de sarampión en un centro en Florence, Arizona.

La preocupación pública está aumentando, con casi el 60% de los votantes que dicen desaprobar cómo Trump ha manejado la inmigración, según una encuesta reciente realizada por la Universidad de Siena y The New York Times.

El tipo y el alcance de los servicios de salud que deben recibir los inmigrantes adultos dependen en parte de dónde estén detenidos. Las normas de detención de ICE se aplican a centros específicos, como prisiones privadas que albergan tanto a reclusos como a detenidos, mientras que se requieren normas separadas en instalaciones que generalmente alojan a detenidos inmigrantes adultos.

A pesar de las diferencias, se esperan ciertos estándares básicos. Los inmigrantes deben recibir una evaluación médica, dental y de salud mental cuando llegan, y deben tener acceso diario a consulta médica por enfermedad, atención de emergencia las 24 horas y otros servicios, incluida atención preventiva, exámenes, diagnóstico y tratamiento.

Las normas existen para “garantizar que los detenidos sean tratados de manera humana; que se los proteja de daños; reciban atención médica y de salud mental adecuada; y reciban los derechos y protecciones a los que tienen derecho”, según las normas nacionales del ICE, revisadas el año pasado.

Pero el incumplimiento de la agencia de sus propias normas está dejando a los detenidos inmigrantes en riesgo de emergencias médicas y muerte, complicaciones por afecciones crónicas no tratadas e infección con enfermedades contagiosas, según demandas de defensores, investigaciones del Congreso realizadas por demócratas e informes estatales.

El DHS ha criticado algunas de las investigaciones como falsas, incluido un informe del senador Jon Ossoff (demócrata de Georgia) sobre mujeres embarazadas y niños en detención.

“Los centros de detención del ICE tienen normas más altas que la mayoría de las prisiones en EE.UU. que detienen a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben atención médica integral y comidas adecuadas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS, en una declaración de agosto. El 17 de febrero, McLaughlin anunció que dejaría su cargo.

Supervisión debilitada, menos infraestructura

El acceso a servicios de salud adecuados se ha visto amenazado por el aumento del número de detenidos, la falta de supervisión del gobierno de Trump y un retraso en el procesamiento de reclamos médicos que ha puesto en riesgo la atención, dicen defensores, abogados y algunos doctores.

“Los desafíos se han agravado porque el ritmo de las expulsiones no ha seguido el ritmo de las detenciones. Eso agrava el problema”, dijo Drishti Pillai, directora asociada de KFF (organización sin fines de lucro de la que KFF Health News es parte). “Hay más problemas de salud pública cuando los centros están abarrotados”.

El número de inmigrantes en detención aumentó de unos 40.000 en noviembre de 2023 bajo el ex presidente Joe Biden a un récord de 73.000 personas a mediados de enero, según el American Immigration Council, un grupo que se enfoca en litigios e investigación.

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha debilitado la supervisión de las condiciones y los servicios de salud en los centros de detención. Redujo el personal en la oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes del DHS, lo que en la práctica cerró la mayoría de sus operaciones, según un análisis de KFF y el Economic Policy Institute, una organización sin fines de lucro de investigación económica.

La misión del defensor del pueblo ha sido “examinar de manera independiente la detención de inmigrantes para promover condiciones seguras y humanas”, según la agencia. Actualmente, el DHS enfrenta un cierre parcial del gobierno debido a la oposición de los demócratas a un proyecto de ley de financiamiento para la agencia. Tal como fue impulsada por los republicanos, la medida eliminaría por completo el financiamiento del defensor del pueblo.

También hay largos retrasos en el procesamiento de pagos de atención médica para detenidos a doctores y hospitales externos, un obstáculo que, según defensores y el gobierno federal, pone en riesgo la atención.

El Centro de Servicios Financieros del Departamento de Asuntos de Veteranos tuvo durante mucho tiempo un contrato con el ICE para procesar reclamos por atención fuera de los centros de detención, como tratamientos oncológicos o diálisis.

Republicanos en el Congreso criticaron el acuerdo y afirmaron que desviaba recursos de los veteranos.

En octubre, Asuntos de Veteranos dejó de procesar las reclamos de los detenidos. Documentos que el ICE publicó en un sitio web federal de contrataciones indicaron que esta terminación “creó una emergencia” al comprometer la capacidad de reembolsar a proveedores y dejó a la agencia sin un mecanismo para brindar servicios como pruebas de tuberculosis, transporte médico no urgente y compra de equipo médico.

“Es una emergencia absoluta que el ICE obtenga de inmediato apoyo para procesar reclamos porque la falta de este apoyo retrasará atención médica crítica … como diálisis, atención prenatal, oncología, quimioterapia, etc.”, según documentos parcialmente censurados publicados a finales de 2025 en Sam.gov, un sistema federal de datos de contratos.

Se ha contratado a un nuevo procesador de reclamaciones, Acentra Health, pero el ICE ha dicho en su sitio web que no se procesará ninguna reclamación hasta el 30 de abril. Defensores dicen que no está claro si los detenidos están recibiendo acceso a atención externa según sea necesario y señalan que los retrasos también están desalentando a proveedores médicos a ofrecer servicios a los inmigrantes.

“El DHS ha firmado un nuevo contrato para procesar estos reclamos y actualmente está incorporando al proveedor”, dijo Pete Kasperowicz , vocero de Asuntos de Veteranos. “Mientras tanto, el VA está apoyando esta transición hasta mayo para asegurar que las reclamaciones se procesen adecuadamente”.

Muertes bajo custodia

El ICE informa que ocho detenidos han muerto bajo custodia en lo que va de 2026, con 33 muertes de detenidos en 2025 y 11 en 2024. Sin embargo, algunos defensores y legisladores cuestionan esas cifras y dicen que los totales excluyen a detenidos que murieron mientras eran arrestados o bajo el cuidado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Demócratas en la Cámara de Representantes, en el Comité de Seguridad Nacional, dicen que 53 personas han muerto bajo custodia del ICE o la CBP desde que Trump asumió el cargo. Están exigiendo información al DHS, incluidos informes de cada autopsia, requisitos de personal para profesionales médicos y grabaciones de video de un detenido que murió en Texas.

“Estamos indignados” por las muertes, según una carta del 22 de enero firmada por 13 legisladores. “Es evidente y trágico que el ICE no está dispuesto o no puede proporcionar atención básica a los detenidos”.

Los demócratas señalaron la muerte de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, nacido en Cuba. Murió el 3 de enero en un centro de detención en Fort Bliss, Texas, después de que el ICE dijera que presentó una emergencia médica. Había sido detenido casi seis meses antes.

“En ningún momento durante la detención se niega atención de emergencia a un extranjero detenido”, dijo el ICE en una declaración del 9 de enero sobre esa muerte.

La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que la muerte fue un homicidio ocurrido después de que Campos fuera inmovilizado por las fuerzas del orden.

Mientras, otros inmigrantes siguen esperando atención. Reyes, quien necesitaba una biopsia por un posible cáncer de próstata, finalmente se realizó la prueba, pero a principios de febrero no había recibido resultados. “Está en un dolor constante y agonizante”, según la demanda presentada en el Distrito Norte de California.

El 10 de febrero, un juez federal ordenó al ICE y al DHS proporcionar atención médica adecuada a los detenidos y realizar supervisión externa, incluidas inspecciones en el lugar del centro de detención.

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After his mom finally saw a specialist in Glasgow, about an hour away, she was diagnosed with stage 4 colon cancer, Bighorn said.

Now, 16 years after his mother’s death, Bighorn has access to regular screenings for cancer and other specialty care that she didn’t have, through a health insurance program the Fort Peck Tribes created in 2016. The program, which covers most of the costs for the roughly 1,000 tribal citizens enrolled, is among a growing number of tribally sponsored health insurance programs.

Such programs vary by tribe, but they essentially screen and enroll people living within tribal boundaries in Affordable Care Act marketplace plans. They allow participating Native Americans flexibility to go to outside doctors and clinics when care through the Indian Health Service is unavailable.

“I’d be in a bind otherwise,” said Bighorn, a 65-year-old tribal game warden and member of the Dakota community.

But the Fort Peck Tribes now limit who has access to that coverage. Other tribal organizations that offer Native Americans similar coverage are struggling with rising costs, too.

The financial crunch began when congressional lawmakers allowed enhanced subsidies under the Affordable Care Act to expire on Dec. 31. Those tax credits, created under the Biden administration during the covid-19 pandemic, expanded subsidized health coverage for millions of people. By late 2025, ACA plans saw about 24 million enrollees, more than twice the number of pre-pandemic annual sign-ups. The cost of coverage shot up for most of those people as the expanded subsidies expired, and enrollment so far has dropped by more than 1 million people, according to federal health officials.

The subsidies had also boosted tribal health insurance programs, like the one Bighorn is enrolled in. The programs pay the price of each person’s share of premiums after subsidies, and the coverage lowers patients’ treatment costs. Now that premium prices have ballooned, so have tribes’ costs.

Rae Jean Belgarde, who directs Fort Peck Tribes’ program, said the higher costs leave the tribes with one option at this point: “Start limiting who gets help.”

The tribes are helping people shift to other insurance options and, in some cases, find state programs to cover their premiums. Tribal leaders also sent a letter to Montana’s all-Republican congressional delegation asking them to support extending the subsidies.

“Our program is saving lives,” the letter read. Belgarde said she didn’t know whether the lawmakers responded.

Scrambling for Solutions

U.S. House members approved a temporary extension of the enhanced subsidies in January. But that measure stalled in the Senate. Lawmakers are scrambling for an alternative after President Donald Trump threatened to veto an extension if a bill reaches his desk. On Jan. 15, the president released an outline of a health care proposal that includes creating savings accounts for people to pay their health costs — an idea Senate Republicans previously floated as an alternative to the subsidies.

A.C. Locklear, CEO of the National Indian Health Board, a nonprofit that works to improve health in Native communities, said tribes are “looking at ways to cut back just as much as everyone else.”

Native Americans as a group continue to face disproportionately high rates of chronic diseases. Their median age at death is 14 years younger than that of white Americans.

“Reducing access to even just general primary care has a significant impact on those disparities,” Locklear said.

Tribal leaders have said letting the subsidies expire further undermines the federal government’s duty to ensure adequate care for Native Americans.

In exchange for taking tribal land through colonization, the U.S. government made long-standing promises to provide for the health and well-being of tribes. Native Americans are guaranteed free health care at clinics and hospitals operated or funded by the Indian Health Service. But that agency’s chronic underfunding has created massive blackouts in care. It sometimes pays for patients’ outside care through its Purchased/Referred Care program, but that’s limited too. Due to funding shortfalls, the agency prioritizes which treatments it will pay for.

To help fill the coverage gaps, some tribal nations have built their own health insurance programs. When tribes pay health premiums, clinics and hospitals in their areas can bill for services that might otherwise go unpaid. Some tribes have leveraged that money to expand services.

“I don’t see tribes getting rid of these programs,” Locklear said. “But it will drastically shift how much tribes can really put back in their community.”

For example, Tuba City Regional Health Care Corp., in northern Arizona within the Navajo Nation, is unique in providing comprehensive cancer treatment on a reservation, Locklear said. The corporation, he said, estimates its costs to cover patients this year are increasing by roughly 170% to nearly $38,000 per month without the enhanced subsidies.

One of the newer programs is on the Blackfeet reservation in northwestern Montana, where basic health services can be hard to find. Medical visits are often offered on a first-come, first-served basis, and services vanish when staff positions go unfilled, said Lyle Rutherford, a Blackfeet Nation council member.

“Some of it is just getting a regular eye appointment, or a primary care appointment,” Rutherford said.

The tribe has been slowly building its health insurance program since launching it in 2024. Rutherford said the enhanced subsidies made that possible. Fewer than 400 people are enrolled out of an estimated 3,000 who qualify. In January, the tribe paused the employer-sponsored coverage portion of its insurance program, which at the time included 52 people.

He said tribal leaders are seeking extra funding to keep the program afloat, and he hopes Congress finds a solution.

Lives on the Line

The impact goes beyond tribes’ insurance programs. The Urban Institute, a Washington, D.C.-based economic and social policy research nonprofit, estimates that 125,000 Native Americans will become uninsured in 2026 due to the higher costs.

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LODGE GRASS, Mont. — Brothers Lonny and Teyon Fritzler walked amid the tall grass and cottonwood trees surrounding their boarded-up childhood home near the Little Bighorn River and daydreamed about ways to rebuild.

The rolling prairie outside the single-story clapboard home is where Lonny learned from their grandfather how to break horses. It’s where Teyon learned from their grandmother how to harvest buffalo berries. It’s also where they watched their father get addicted to meth.

Teyon, now 34, began using the drug at 15 with their dad. Lonny, 41, started after college, which he said was partly due to the stress of caring for their grandfather with dementia. Their own addictions to meth persisted for years, outlasting the lives of both their father and grandfather.

It took leaving their home in Lodge Grass, a town of about 500 people on the Crow Indian Reservation, to recover. Here, methamphetamine use is widespread.

The brothers stayed with an aunt in Oklahoma as they learned to live without meth. Their family property has sat empty for years — the horse corral’s beams are broken and its roof caved in, the garage tilts, and the house needs extensive repairs. Such crumbling structures are common in this Native American community, hammered by the effects of meth addiction. Lonny said some homes in disrepair would cost too much to fix. It’s typical for multiple generations to crowd under one roof, sometimes for cultural reasons but also due to the area’s housing shortage.

“We have broken-down houses, a burnt one over here, a lot of houses that are not livable,” Lonny said as he described the few neighboring homes.

In Lodge Grass, an estimated 60% of the residents age 14 and older struggle with drug or alcohol addictions, according to a local survey contracted by the Mountain Shadow Association, a local, Native-led nonprofit. For many in the community, the buildings in disrepair are symbols of that struggle. But signs of renewal are emerging. In recent years, the town has torn down more than two dozen abandoned buildings. Now, for the first time in decades, new businesses are going up and have become new symbols — those of the town’s effort to recover from the effects of meth.

One of those new buildings, a day care center, arrived in October 2024. A parade of people followed the small, wooden building through town as it was delivered on the back of a truck. It replaced a formerly abandoned home that had tested positive for traces of meth.

“People were crying,” said Megkian Doyle, who heads the Mountain Shadow Association, which opened the center. “It was the first time that you could see new and tangible things that pulled into town.”

The nonprofit is also behind the town’s latest construction project: a place where families together can heal from addiction. The plan is to build an entire campus in town that provides mental health resources, housing for kids whose parents need treatment elsewhere, and housing for families working to live without drugs and alcohol.

Though the project is years away from completion, locals often stop by to watch the progress.

“There is a ground-level swell of hope that’s starting to come up around your ankles,” Doyle said.

Two of the builders on that project are Lonny and Teyon Fritzler. They see the work as a chance to help rebuild their community within the Apsáalooke Nation, also known as the Crow Tribe.

“When I got into construction work, I actually thought God was punishing me,” Lonny said. “But now, coming back, building these walls, I’m like, ‘Wow. This is ours now.’”

Meth ‘Never Left’

Meth use is a long-standing public health epidemic throughout the U.S. and a growing contributor to the nation’s overdose crisis. The drug had been devastating in Indian Country, a term that encompasses tribal jurisdictions and certain areas with Native American populations.

Native Americans face the highest rates of meth addiction in the U.S. compared with any other demographic group.

“Meth has never left our communities,” said A.C. Locklear, CEO of the National Indian Health Board, a nonprofit that works to improve health in Indian Country.

Many reservations are in rural areas, which have higher rates of meth use compared with cities. As a group, Native Americans face high rates of poverty, chronic disease, and mental illness — all are risk factors for addiction. These conditions are rooted in more than a century of systemic discrimination, a byproduct of colonization. Meanwhile, the Indian Health Service, which provides health care to Native Americans, has been chronically underfunded. Cutbacks under the Trump administration have shrunk health programs nationwide.

LeeAnn Bruised Head, a recently retired public health adviser with the U.S. Public Health Service Commissioned Corps, said that despite the challenges, tribal nations have developed strong survival skills drawing from their traditions. For example, Crow people have held onto their nation’s language; neighbors are often family, or considered such; and many tribal members rely on their clans to mentor children, who eventually become mentors themselves for the next generation.

“The strength here, the support here,” said Bruised Head, who is part of the Crow Tribe. “You can’t get that anywhere else.”

Signs of Rebuilding

On a fall day, Quincy Dabney greeted people arriving for lunch at the Lodge Grass drop-in center. The center recently opened in a former church as a place where people can come for help to stay sober or for a free meal. Dabney volunteers at the center. He’s also the town’s mayor.

Dabney helped organize community cleanup days starting in 2017, during which people picked up trash in yards and alongside roads. The focus eventually shifted to tearing down empty, condemned houses, which Dabney said had become spots to sell, distribute, and use meth, often during the day as children played nearby.

“There was nothing stopping it here,” Dabney said.

The problem hasn’t disappeared, though. In 2024, officials broke up a multistate trafficking operation based on the Crow reservation that distributed drugs to other Montana reservations. It was one example of how drug traffickers have targeted tribal nations as sales and distribution hubs.

A few blocks from where Dabney spoke stood the remains of a stone building where someone had spray-painted “Stop Meth” on its roofless walls. Still, there are signs of change, he said.

Dabney pointed across the street to a field where a trailer had sat empty for years before the town removed it. The town was halfway through tearing down another home in disrepair on the next block. Another house on the same street was being cleaned up for an incoming renter: a new mental health worker at the drop-in center.

Just down the road, work was underway on the new campus for addiction recovery, called Kaala’s Village. Kaala means “grandmother” in Crow.

The site’s first building going up is a therapeutic foster home. Plans include housing to gradually reunite families, a community garden, and a place to hold ceremonies. Doyle said the goal is that, eventually, residents can help build their own small homes, working with experienced builders trained to provide mental health support.

She said one of the most important aspects of this work “is that we finish it.”

Tribal citizens and organizations have said the political chaos of Trump’s first year back in office shows the problem with relying on federal programs. It underscores the need for more grassroots efforts, like what’s unfolding in Lodge Grass. But a reliable system to fund those efforts still doesn’t exist. Last year’s federal grant and program cuts also fueled competition for philanthropic dollars.

Kaala’s Village is expected to cost $5 million. The association is building in phases as money comes in. Doyle said the group hopes to open the foster home by spring, and family housing the following year.

The site is a few minutes’ drive from Lonny and Teyon’s childhood home. In addition to building the new facility’s walls, they’re getting training to offer mental health support. Eventually, they hope to work alongside people who come home to Kaala’s Village.

As for their own home, they hope to restore it — one room at a time.

“Just piece by piece,” Lonny said. “We’ve got to do something. We’ve got these young ones watching.”

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